La Ley 12/2023, aprobada hace un año, fue diseñada para reformar el mercado residencial español, especialmente en el ámbito del alquiler, pero sus efectos han sido controvertidos y mayormente negativos según expertos consultados. En Dr. House te explicamos cuáles son las tendencias de oferta y precios en el sector inmobiliario un año después.
La normativa ha generado una profunda desconfianza entre los propietarios, quienes han reducido drásticamente la oferta de viviendas en alquiler debido a las nuevas regulaciones. En lugar de la normalización de precios esperada, se ha observado un aumento significativo en muchas zonas, lo que ha exacerbado las dificultades para encontrar vivienda asequible.
Desde su entrada en vigor, la ley ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo políticos, empresarios y profesionales inmobiliarios, quienes advirtieron sobre sus posibles consecuencias adversas. Según estos expertos, la ley ha consumido recursos significativos del sector inmobiliario para argumentar en contra de sus efectos perjudiciales y solicitar su revisión o derogación.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, implementada hasta ahora solo en Cataluña, donde se han aplicado límites a los aumentos de alquileres. Esta medida, aunque destinada a contener precios, ha llevado a un desplazamiento de la oferta hacia alquileres temporales y por habitaciones, que quedan fuera de la regulación, exacerbando aún más la escasez de viviendas permanentes.
La ley también ha incentivado la búsqueda de formas de alquiler menos reguladas, como los alquileres temporales y los arrendamientos por habitaciones, que ofrecen a los propietarios mayores libertades y rentabilidades frente a las restricciones impuestas por la nueva normativa.
En términos económicos, se estima que la oferta de viviendas de alquiler permanente ha disminuido significativamente, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, mientras que los precios continúan su tendencia alcista. Esta situación ha incrementado la carga financiera para los inquilinos, aumentando la proporción de ingresos familiares destinados al pago del alquiler en muchas ciudades principales.
A pesar de las críticas y los problemas surgidos, el Gobierno continúa explorando formas de regular el mercado, especialmente en áreas donde la ley no ha sido implementada o ha encontrado resistencia política. Esta situación ha creado un ambiente de incertidumbre legal y económica que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, complicando aún más la situación del acceso a la vivienda en España.