La nueva Ley de Vivienda introduce muchas novedades que antes no estaban contempladas. En Dr. House te mostramos las claves de esta normativa .
Tope al alquiler
Una de las disposiciones más importantes de la ley es el tope de alquiler, que establece el precio más alto al que los propietarios pueden aumentar el alquiler que cobran a sus inquilinos. Para todas las viviendas de alquiler, el límite está fijado actualmente en el 2%. El porcentaje aumentará a 3% al año siguiente, y a partir de 2025 entrará en vigencia un nuevo índice que establecerá el INE.
Tanto los contratos inmobiliarios nuevos como los existentes, o las viviendas que se vendan por primera vez en el mercado, estarán sujetos a la normativa, que se aplicará tanto a los grandes tenedores como a los pequeños propietarios. Dependiendo de la naturaleza del contrato y de la propiedad, se decidirán estas restricciones. Por tanto, las de pequeños propietarios se regularán “a través de la indexación a la renta anterior vigente”, mientras que las de grandes propietarios se regularán utilizando el índice de contención de precios. El índice de precios será el punto de referencia en el caso de una vivienda de nueva disponibilidad para alquiler perteneciente a un pequeño propietario.
Mayor regulación de los desahucios
La ley potencia la fiscalización de los desahucios y la defensa de las familias vulnerables. Se utilizará un sistema de arbitraje que “promueve el acuerdo entre arrendador y arrendatario”.
Bonificaciones fiscales
Para los propietarios de viviendas de alquiler en áreas tensionadas, se ofrecerán beneficios fiscales en el marco del sistema del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Nueva figura de gran tenedor
El rediseño de la figura del gran tenedor, que impactará tanto en las personas como en las empresas, es otra idea novedosa. La norma da a las comunidades autónomas la opción de rebajar de 10 a 5 el número mínimo de viviendas que un propietario debe poseer en una zona de alta tensión para ser considerado gran tenedor. Se utilizará un índice de contención de precios al alquilar en estas ubicaciones.
Gastos de gestión inmobiliaria
El arrendador, no el arrendatario, será el responsable de pagar los gastos asociados a la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato.
Más vivienda protegida
Para actuaciones de obra nueva en suelo urbanizable, los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida suben del 30% al 40%, y para actuaciones de rehabilitación o rehabilitación de urbanización en suelo urbano no consolidado, pasan del 10% al 20%.
Recargo a las viviendas vacías
Las viviendas que lleven más de dos años desocupadas podrán estar sujetas a un recargo del IBI impuesto por los ayuntamientos.