En Cataluña, el concepto de gran tenedor ha adquirido una relevancia destacada dentro del debate sobre la vivienda. La Ley estatal de Vivienda y la identificación de zonas con mercado residencial tensionado han impulsado una adaptación específica de esta figura en la región, diferenciándola del marco general del país. Mientras que a nivel nacional se considera gran tenedor a quien posee más de diez propiedades urbanas o más de 1.500 m² construidos, en Cataluña el umbral se establece en cinco inmuebles situados en áreas con alta demanda.
Este cambio ha generado incertidumbre tanto entre propietarios como entre profesionales y organismos públicos. La falta de criterios claros y la aplicación automática de las restricciones generan un clima de incertidumbre jurídica. Se cuestiona si es justo asumir que un titular de cinco viviendas tiene capacidad económica elevada sin atender a su situación individual, como hipotecas, ingresos o si los inmuebles forman parte de un plan de jubilación.
Desde la óptica legal, los grandes tenedores en Cataluña deben enfrentarse a múltiples obligaciones: limitación del precio de los alquileres mediante el índice de referencia estatal, imposición de alquileres sociales antes de ejecutar desahucios en ciertos casos, obligación de mantenimiento de las viviendas, y el derecho de tanteo de la administración en caso de venta.
Estas medidas, aunque tienen como objetivo mejorar el acceso a la vivienda, están provocando un efecto contrario: desincentivan la inversión privada, especialmente de pequeños inversores que ahora se ven tratados como grandes operadores sin una base económica sólida que lo respalde. A esto se suma la ausencia de iniciativas públicas efectivas que complementen estas restricciones.
Desde Dr. House observamos cómo muchos propietarios se plantean vender sus activos o trasladar sus inversiones a comunidades menos intervenidas. Si bien es fundamental proteger al inquilino, también lo es asegurar la seguridad jurídica del propietario. Lograr un equilibrio entre ambos intereses será esencial para evitar un impacto negativo en el mercado de la vivienda en Cataluña.